Durante la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, un juez de control vinculó a proceso a Candelario N, ex servidor público de Benito Juárez, por su presunta participación en los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa, formando parte del Cártel Inmobiliario.
Candelario N desempeñó diversos cargos en las administraciones de Mario Alberto Palacios, Christian von Roehrich y Santiago Taboada, durante los periodos de 2010 y de 2015 a 2023.
Según las investigaciones, Candelario N, en su función como Jefe de Unidad Departamental de Obras Viales y Señalización, junto con otros servidores públicos de Benito Juárez, celebraron un contrato en abril de 2017 por casi cuatro millones de pesos con una persona moral. Los pagos, presuntamente ilegales, se realizaron con recursos públicos a su cargo. La obra pública de asfaltado por la cual se firmó el contrato nunca fue realizada, ya que la empresa contratada no operaba ni contaba con material ni legitimidad.
El juez de control mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria para Candelario N, hasta que cuente con brazalete. Asimismo, fijó un plazo de seis meses para la conclusión de la investigación complementaria.
Esta información proporciona detalles significativos sobre el caso de Candelario N y su presunta implicación en el cártel inmobiliario en la demarcación de Benito Juárez
Los pagos, presuntamente, ilegales se realizaron con recursos públicos que tenía a su cargo y la obra pública de asfaltado, por la cual se firmó dicho contrato, nunca fue realizada, debido a que dicha empresa no operaba ni material, ni legamente.
Así también en el gobierno de Santiago Taboada detectaron la compra a sobreprecio de vehículos la cual llevó a una investigación de la Contraloría al cese de dos funcionarios y a una indagatoria en la Fiscalía de la Ciudad de México, un caso con personajes vinculados al Cártel Inmobiliario y a la triangulación de recursos.
’Su programa estrella Blindar, que poco contribuye a la seguridad, es la caja negra de la corrupción. A finales de 2018, Taboada gastó 95 millones de pesos para comprar 77 vehículos, cada patrulla con valor de 350 mil pesos la pagó en 1 millón 300 mil pesos, embolsándose un millón de pesos por cada unidad, esto fue observado y auditado’, señaló Brugada Molina durante una de sus intervenciones en el segundo debate chilango.
Fue El Financiero el que en febrero de 2019, dos meses después de que se celebrara el contrato, exhibió estos costos demás. El diario también consignó cómo la compra de 20 motocicletas Yamaha Tenere 250cc 2018 tuvo un costo por encima del mercado, pues se pagaron cada una en 289 mil 500 pesos, cuando su precio comercial era de 89 mil 999 pesos por cada una más los 95 mil 443 pesos del equipamiento.Con información de LA JORNADA | SIN EMBARGO | EL FINANCIERO
